Janet Galindo
En la Cámara de Diputados concluyó el sexto foro del Parlamento Abierto sobre el análisis de la iniciativa de reforma al sector eléctrico, denominado “El Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, comentó que este análisis será utilizado en la construcción o, en su caso, modificación de la propuesta de reforma constitucional.
El legislador de Morena indicó que las conclusiones de cada foro servirán de parámetro en la discusión del dictamen en comisiones y, en su momento, en el Pleno de la Cámara de Diputados. “Coincidimos en que el país debe asumir su soberanía a través de este sector y sabemos que es importante la participación de privados. Las opiniones nos permitirán discutir y consensuar por el bien del país”.
Al respecto, la experta en temas energéticos, Julia González Romero, explicó que este asunto tiene el potencial de afectar a miles de ciudadanos y a las nuevas generaciones porque México firmó y ratificó tratados internacionales y esta propuesta podría violar esos acuerdos.
“No se puede olvidar que la gran mayoría tiene cláusulas que pueden derivar en demandas al Estado mexicano por incumplimiento”, dijo.
Consideró que si la iniciativa se aprueba en sus términos es posible que el país deba pagar cerca de 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar sus proyectos en la nación. Este monto representaría el 20 por ciento del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos 2022.
Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, expuso que se ve un potencial de retroceso en el sector si se avala esta reforma. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesita fortalecimiento monetario y reglas que permitan a los inversionistas decidir a largo plazo porque la iniciativa privada quiere crecer y respetar los tratados internacionales.
Explicó que el sector manufacturero requiere un aumento en la energía instalada. Asimismo, es necesario capitalizar la expansión industrial del país y la concentración de inversión nacional debe ser en la distribución, con el propósito de fortalecer a la CFE para que cumpla sus compromisos, sobre todo ambientales.
En su oportunidad, el analista Héctor Alonso Romero Gutiérrez dijo que si se da todo el poder energético del país a la iniciativa privada podría derivar en un alza en los precios, lo que haría entrar en crisis a México. “Esta reforma genera estabilidad y continuidad en los suministros y en los precios”.
Añadió que es necesario que el Estado retome las acciones que se perdieron con la reforma de 2013 para garantizar mejores condiciones en precio, seguridad y confiabilidad. Esta reforma logrará que la CFE sea un organismo cuyo objetivo será potenciar el desarrollo nacional.
Paolo Salerno, especialista en el sector eléctrico, consideró que no es necesario que el Centro Nacional de Control de Enérgica (CENACE) ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desaparezcan porque atienden las necesidades del país en la materia y evitan concentración del poder energético.
Aseguró que debe haber seguridad y tranquilidad en que la Comisión Federal de Electricidad no desaparecerá y de que no habrá despojo por parte de la inversión privada.
Guadalupe Correa Cabrera, académica, mencionó que consultores y cabilderos que participaron en la aprobación de la reforma eléctrica de 2013 forman parte o tienen relaciones con plataformas de producción de energías y facilitadores de grupos de interés en el sector energético que están en contra de esta reforma.
Existen grandes asociaciones de energía, conformadas en su mayoría por empresas extrajeras que podrían poner en manos de otros países las decisiones del sector eléctrico mexicano. “Ellos tienen un interés importante en que esta reforma no se apruebe”.
Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, mencionó que México tiene mucho mercado y poco Estado en el sector. Advirtió que el Estado está “capturado” por élites políticas que lo han usado para hacer negocios particulares.
“Tenemos una absolutización del mercado y una mercantilización de los bienes públicos, lo que ha generado que seamos de los países más desiguales del mundo. La electricidad es un bien público, por lo tanto, es fundamental que el Estado regule su acceso”, apuntó.
Después de las exposiciones de especialistas, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, dio lectura a preguntas formuladas por integrantes de los grupos parlamentarios, en torno al papel del Estado al asumir el control del sector eléctrico y participación de la inversión privada.
Asimismo, inquirieron sobre si la reforma propuesta aumentaría o mejoraría los precios para los consumidores finales, sobre el financiamiento que la CFE debe realizar para transitar a la soberanía y seguridad energética, si es importante la participación de la iniciativa privada y sobre el uso de energías limpias, entre otros temas.
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