Columna
Por Ricardo Monreal
El mundo digital es producto de la enorme capacidad creativa y de innovación del ser humano. Sin embargo, lo que nació con una explosión de euforia hoy despierta gran preocupación.
Como toda creación humana, y aún más una que ha crecido exponencialmente y ha incrementado la conectividad global, conlleva riesgos, pero también oportunidades. El reto que tenemos en el Poder Legislativo es asegurar que la regulación y las políticas públicas incrementen las oportunidades, al tiempo que mitigan los riesgos.
Esta tarea se complica por la enorme concentración de poder en manos de unas cuantas empresas que han diseñado, creado y operan las plataformas digitales. Son ellas, las que han planeado los algoritmos y la arquitectura de las redes, las que hoy definen qué se publica y qué no, las que tienen en sus manos el poder de censurar y limitar la libertad de expresión. Su poder es tan ubicuo, sus plataformas tan interconectadas, que afectan a todo el mundo por igual.
La concentración de poder en manos de unas cuantas empresas ha probado ser terreno fértil para la manipulación electoral y de datos personales, así como para campañas de desinformación o de odio, que han generado una preocupación legítima en todos los países.
El debate se da hoy en todo el mundo. Un gran número de países están buscando regular y limitar este poder que parecería incontrolable, para que no se restrinja la libertad de expresión de las personas, pero que tampoco se ponga en riesgo su integridad. Esta libertad es central para toda democracia y, si bien hemos aprendido a protegerla en los medios tradicionales, hoy debemos resguardarla también en el ámbito digital.
Por la magnitud del problema y lo extendido de la discusión, es importante que este esfuerzo se dé en forma coordinada a nivel multilateral, para que ahí se definan los elementos rectores de la normatividad a nivel mundial. Las empresas por sí mismas no van a limitar su enorme poder, pero el Estado por sí mismo tampoco puede definir los contenidos de internet.
Por eso se deben privilegiar esfuerzos como el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya misión es crear las condiciones propicias para un diálogo entre los pueblos y las culturas, basado en el respeto a los derechos fundamentales, para definir los principios rectores del mundo digital y para diseñar un marco de convivencia virtual fundado en la protección de los derechos humanos fundamentales.
Este debate en el seno de la UNESCO, con la venia de la Secretaría General de la ONU, debe ser transparente y amplio, y tiene que contar con la participación de todas las voces interesadas, de todos los actores gubernamentales, civiles y académicos.
Celebro, por tanto, el diálogo al que la UNESCO ya está convocando, pero el esfuerzo se debe ampliar más allá de México o el continente latinoamericano. La amenaza de no encontrar mecanismos para regular el mundo digital concierne a todo el planeta, atenta contra la libertad y la convivencia democrática de todas las personas, aun de aquellas que hoy, por la brecha digital, quedan excluidas de estas plataformas, y que tienen que ser incorporadas.
Es un esfuerzo que requiere de un diálogo amplio entre las partes, los gobiernos, las y los legisladores, la sociedad civil, la academia, las empresas.
Si bien la iniciativa que he presentado en el Senado de la República busca defender la libertad de expresión, para que las mexicanas y los mexicanos cuenten con un mecanismo de protección cuando una red social interfiera con ella, propongo que este diálogo sea multinacional, que la ONU lo profundice y que en el mundo —el digital y el de los medios tradicionales— esa libertad sea la piedra angular del avance de nuestras democracias.
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